El Gobierno planea cambios normativos para fortalecer la seguridad jurídica de las comunidades de vecinos que quieran pedir financiación con la que acometer obras de rehabilitación, principalmente las destinadas a acelerar la eficiencia energética de los inmuebles. La mejora del conjunto de los edificios desde el punto de vista sostenible es el pilar del Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales, financiado con 3.420 millones de euros de los 6.820 millones en ayudas europeas de los que consta el Plan de rehabilitación y regeneración urbana general. De estos 3.420 millones, casi el 60% están comprometidos para las intervenciones en edificios –siempre en su totalidad– a través de mejoras en fachadas y cubiertas o de la instalación de calderas o paneles fotovoltaicos.
Actualmente, sostienen desde el ministerio, las entidades pueden conceder crédito a las comunidades, pero los bancos son reacios a dar esta financiación porque tienen que actuar contra cada propietario que incurra en mora en el caso de que haya impagos. «Es un procedimiento engorroso y muchas veces termina haciendo que el préstamo no se conceda». Por eso, «vamos a promover que puedan hacerse responsables a las comunidades, para que sean ellas las que tengan que exigir el pago a los propietarios», recalcan estas fuentes.
A día de hoy, la Junta de Extremadura conforme a la Ley 11/2019 de 11 de abril de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura, ha creado el Fondo GEEVE, gestionado por Extremadura Avante, para la concesión de garantías públicas a las entidades financieras seleccionadas (Caja Rural de Extremadura, Ibercaja Banco y Triodos Bank) para que otorguen préstamos a las comunidades de propietarios o particulares propietarios de viviendas de Extremadura, con independencia de su forma jurídica, para la mejora de la eficiencia energética y energía renovable en edificios.
