Lunes, 17 de mayo de 2021).La ley de Cambio Climático y la financiación de la transición
La semana pasada el congreso de los diputados ha dado la luz verde a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, un hito histórico que marca la dirección sobre la que debe avanzar España para cumplir sus compromisos y sus objetivos en materia de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, tanto hacia el año 2030, como hacia el año 2050.
La Ley ha sido recibida positivamente por las organizaciones ecologistas, que en cualquier caso hubieran apostado por una mayor ambición climática. De esta manera, la Ley fija como objetivo para el año 2030 una reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero de un 23% respecto de los niveles de 1990, lejos -muy lejos- de las recomendaciones de avanzar hacia una descarbonización del 55% para esa fecha, de acuerdo con las recomendaciones de Naciones Unidas y los objetivos de la propia Unión Europea, tal y como se pactaron en diciembre del pasado año. Paralelamente, la ley establece una descarbonización plena para el año 2050, acompasando los objetivos propios con los objetivos de la Unión Europea.
Para cumplir estos objetivos de reducción de emisiones, España debe aplicarse para acelerar la transición hacia una movilidad sostenible, acelerar el despliegue de energías renovables, intensificar la renovación energética de edificios, y mejorar en gran medida las capacidades de eficiencia energética de nuestra industria. Todo ello requiere de importantes inversiones, que en buena parte estarían cubiertas por los Fondos del Next Generation y los Fondos Estructurales, pero será necesario movilizar recursos públicos y privados adicionales para cumplir los objetivos, al menos, hasta el año 2030.
De acuerdo con la Agencia Mundial de la Energía, la descarbonización del sistema energético mundial requerida de unos 33 billones de dólares adicionales desde el año 2020 al año 2050, generando un importante mercado para los activos financieros verdes. Se espera que para el año 2021, el mercado de bonos verdes alcance un total de 700.000 millones de dólares en emisiones con un crecimiento del 100% respecto de 2019. Las decisiones del Banco Mundial y del Banco Europeo de Inversiones de convertirse en “bancos climáticos” y las orientaciones prudenciales del Banco Central Europeo para integrar el riesgo climático en los balances de la banca de la eurozona indican el camino a seguir.
En España, lamentablemente, no tenemos hasta la fecha, un instrumento financiero público potente destinado a la financiación de la transición energética. El IDAE ha podido jugar ese papel en el pasado, en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones, y diferentes agencias regionales -como la Agencia IDEA en Andalucía o la sociedad Extremadura Avante– han apostado por financiar operaciones de eficiencia energética, con un recorrido escaso en algunos casos: los 50 millones que comprometió el Ayuntamiento de Madrid en 2018 para financiar operaciones de eficiencia energética quedaron, en gran medida, sin usar.
Sería muy interesante que, aprovechando los fondos europeos FEDER, España consolidara un instrumento de financiación de la transición energética que pudiera, además, colaborar con el Banco Europeo de Inversiones y completar la financiación proveniente del Next Generation. Con un adecuado diseño, se podrían movilizar miles de millones de euros necesarios para cubrir nuestros objetivos climáticos, a través de la coinversión con los actores privados, que han tomado como referencia la sostenibilidad para sus proyectos de inversión a medio y largo plazo.
